Publicado: lunes, 15 de abril de 2013 - 12:20 hrs.
¿DERECHOS O PRIVILEGIOS?
Derechos y privilegios tienen en común el permitirnos acceder a algún bien, a cualquier bien, material o inmaterial. Se diferencian en que los derechos benefician a toda la población y los privilegios solamente a quienes poseen el factor o característica con la que se discrimina. El factor discriminante más recurrente y perverso para el orden social es la riqueza, aunque no es el único; como contrapartida, su carencia también lo es, así como lo son la edad, el sexo, la religión, la etnia, o cualquier rasgo distintivo que permita discriminar. La pobreza y/o vulnerabilidad, el género, la etnia, son discriminantes habituales en programas sociales.
Derechos y privilegios respecto del mismo bien, material o inmaterial, son mutuamente excluyentes por definición. Si el bien en cuestión está efectivamente al alcance de todos, sin exclusiones, se trata de un derecho. Si solamente está disponible para algunos, se trata de un privilegio, independiente del factor discriminante que se emplee.
Desde la perspectiva de cada ciudadano, el acceso a la educación, o bien es un derecho social, garantizado por el Estado, o bien es un privilegio al que acceden quienes tienen el discriminante adecuado, pero no puede ser ambos simultáneamente. Si el acceso no es universal en igualdad de condiciones, automáticamente se trata de un privilegio, aunque se trate de un privilegio “progresivo” porque tendería a reducir la inequidad en la distribución de la riqueza. Es la base del argumento de que es “más justo” que los hijos de los ricos paguen por su educación y el Estado se aboque solamente a facilitar –ni siquiera a financiar íntegramente- la educación de los pobres.
Esta propuesta discriminatoria, que está en la agenda de todos los candidatos y precandidatos a la Presidencia, es menos injusta que la actual situación en que se encuentra la educación chilena, basada en la discriminación regresiva en base al dinero, en que los pudientes pagan por darle educación de calidad a sus hijos y el Estado administra mezquinamente las sobras para atender la educación de los pobres.
Este escenario de propuestas es francamente desolador, porque significa que no tenemos esperanza de que el sistema realmente cambie de fondo con ninguno de los candidatos que llegue a la Moneda. A lo más, se escuchan vaguedades sobre “procesos paulatinos para extender la gratuidad en el futuro”.
Es desolador, porque el problema de fondo es que, por justiciero que parezca o popular que suene, es un error garrafal emplear el acceso a la educación como un instrumento de redistribución que favorezca a los más vulnerables. No porque no sea indispensable hacerlo, sino porque la educación no es el instrumento idóneo para llevarlo a cabo. Usarla para esos fines erosionará las bases de la sociedad más justa y solidaria que todos vocean querer construir, en lugar de fortalecerla. Construir una sociedad mejor, basada en el respeto y la cooperación, no puede erigirse sobre pilares que continúan institucionalizando las diferencias y los privilegios.
Inevitablemente me vienen a la memoria los versos de la hermosa canción de Víctor Jara pidiendo al Dios del Cielo “que la tortilla se vuelva” y que los ricos finalmente coman mierda. Son versos que recogen la impotencia y el sentir de los oprimidos de siempre, reclamando un lugar digno en la sociedad, pero no es posible instituir un orden social justo y sustentable en base al oprobio de algunos, por muy propia que parezca la ley del Talión.
Instrumentos idóneos abundan y debieran ser conocidos de sobra, especialmente por el Presidente Piñera, la expresidenta Bachelet y su exMinistro de Hacienda, partiendo por una reforma tributaria en serio, que permita asegurar que el Estado cuente con los recursos que se requieren para asegurarle a todos los niños y jóvenes de este país que tendrán acceso gratuito a su educación, desde la cuna hasta la Universidad y que ninguno será discriminado por tener o por carecer de medios económicos… o por cualquier otro motivo.
Me parece irresponsable y panfletario que se esgriman argumentos insistiendo que “hay poca plata” y que esos pocos pesos no deben favorecer a los que pueden pagar por educarse. Es irresponsable porque si no hay más pesos para pagar por la educación de todos los jóvenes de Chile, es porque alguien no hizo “la pega” (fueron muchos alguien en realidad), de asegurar que los ingresos del Estado fuesen suficientes, vía tributos, para que no falten pesos para algo tan importante como garantizar la educación de todos.
Es irresponsable además el planteamiento porque olvida u omite que el principal interesado en garantizar una educación para todos, de calidad, es el propio Estado, en la defensa de los intereses de la Nación. Sin excepción, los aspirantes al sillón de O’Higgins enfocan el tema de la educación como si fuese un asunto de los padres, de las familias, de los educandos y no del principal interesado, el propio país. Ninguno ha logrado desprenderse de la lógica maldita del mercado, que institucionalizó la Dictadura de Pinochet, transformando derechos ciudadanos en privilegios de los pudientes y poderosos del país. Lo mejor que han llegado a proponer es que ahora discriminemos “positivamente”, que los ricos paguen por educar a sus críos y que el Estado se haga cargo del resto. Con el apoyo de los idiotizados discípulos de Milton Friedman (porque ideologizaron el conocimiento), transformaron derechos ciudadanos en “bienes transables” en el mercado.
Y ciertamente es panfletario, porque ninguno de los personajes mencionados –nadie en verdad- puede ignorar que mejorar la equidad y redistribuir riqueza y oportunidades no se puede llevar a cabo a costa de vulnerar los derechos que se dice estar defendiendo. Así se destruyen sociedades, no se construyen futuros para nadie.
Lo único que realmente garantiza y asegura para todos el modelo neoliberal que abrazamos, es el derecho de cada ciudadano de acceder al mercado para poner en venta sus necesidades y subastar la miseria al mejor postor.
Es alta hora de que los tomadores de decisiones y los candidatos a tomador de decisiones se pongan pantalones largos y trabajen en serio, proponiendo, aprobando e implementado las medidas que aseguren recursos para que la educación sea efectivamente un derecho y erradiquemos los privilegios, cualquiera sea su pretexto.
Lo cual nos lleva a la pregunta anexa… ¿Puede ser gratis la educación para todos?
Taxativamente no… para todos, la educación como cualquier bien tiene un costo. El tema real no es si la educación puede ser gratuita, en genérico, porque no lo es y nunca podría serlo, sino quién debería pagar la cuenta. Estamos asumiendo además que se trata de educación de calidad, a todos los niveles.
Y la respuesta es evidente, si es que honramos la noción de que se trata de un derecho y no un privilegio: El que debe pagar la cuenta es el Estado, cumpliendo responsablemente con el mandato de la ciudadanía, que exige igualdad de oportunidades y que no se comercialicen sus derechos básicos.
¿Y cómo puede pagarla?
Para eso se requiere efectivamente una reforma tributaria seria, que imponga tasas diferenciadas que aseguren dos cosas: Que los que poseen más riqueza efectivamente paguen proporcionalmente más, y que la nueva estructura tributaria se construya de manera de asegurar que se recaudará todo lo que se necesita para asegurar los derechos ciudadanos.
Es interesante anotar que el único motivo por el cual la educación se ha instalado firmemente en la agenda nacional, ha sido por la presión que han ejercido los estudiantes y las organizaciones sociales reclamando en las calles lo que parlamentarios y autoridades de gobierno les han negado en el congreso y en los despachos ministeriales.
Con todo lo positivo que es para la nación el que hayan surgido estos adalides en defensa de los derechos educacionales de todos, no deja de ser triste anotar que la educación está en primera plana porque para los jóvenes es más fácil salir a marchar y enfrentar la dureza –cuando no brutalidad- policial, que los enfermos y los usuarios del aberrante sistema de salud nacional, en el que a nadie sorprende que las ISAPRES incluso se ufanen públicamente de las ganancias que obtienen de los problemas de salud de sus conciudadanos.
Mi mayor esperanza, como ciudadano de este país, es que la nobleza que nuestros jóvenes han restituido al accionar político nacional se extienda como una plaga benéfica y contagie a todos, pero muy particularmente a quienes tendrán el honor de conducir los destinos de la patria y a la clase política, que hasta ahora ha demostrado ser inmune a la decencia, salvo excepciones notables.
José Vera Giusti