Lo primero que es necesario dejar en claro es que la educación, en cualquiera de sus niveles, no es gratis. Tiene costos, en tiempo, recursos humanos, financieros, o ambos.

La pregunta relevante para la sociedad es ¿Quién debe asumir estos costos?.. y la respuesta a esta pregunta está determinada por la respuesta a una pregunta previa, a saber, ¿Qué es la educación para una sociedad? Para ésta solo hay dos alternativas: Se trata de un derecho que la sociedad garantiza a todo ciudadano, independiente de su condición social y patrimonial, o se trata de un bien transable más en el mercado, al que se accede en la medida que se dispone de recursos para adquirirlo.

Por definición, si se trata de un derecho, no puede exigirse al educando que lo pague, tenga éste o no los medios para cancelarlos, porque en el mismo momento en que paga, cesa de ser un derecho y se convierte en un privilegio.

La situación real de la educación en Chile es la consagración de la hipocresía: Se declara la educación como un derecho de rango constitucional, pero al mismo tiempo se exige su pago al educando, con algunas excepciones. El planteamiento original de los estudiantes exigiendo gratuidad de la educación para todos, es exactamente lo que debe defenderse a todo evento: Las estupideces planteadas por voceros de todo el espectro político, intentando argumentar que es imposible, que no puede financiarse, que el país no tiene recursos suficientes es una torpe mentira, que desconoce el hecho cierto de que los recursos están, para todos los niveles educacionales. El tema de fondo es que estos recursos provienen hoy día mayoritariamente de los propios educandos o de sus familiares. La educación debe ser gratuita para todos quienes estudian y es responsabilidad del Estado cancelar esa cuenta.

Lo que realmente argumentan quienes afirman que la educación no puede ser gratis o que no hay recursos del Estado para pagarla, es que el actual Gobierno, al igual que todos los gobiernos previos de la Concertación, no está dispuesto a respetar la condición de “derecho” a la educación que tienen todos los ciudadanos chilenos. No hay doble lectura al hecho que, si el educando o su familia deben pagar, aunque sea parcialmente por su educación, no se trata de un derecho, sino de un privilegio reservado para quienes tienen dinero para costearla.

En mi opinión, aparte de los asesinatos, las torturas y la desaparición de personas, el legado más nefasto de la dictadura de Pinochet fue la destrucción del sistema educacional chileno, mediante el simple arbitrio de convertir a la educación en un producto más, transable en el mercado al igual que el pan, el licor, el sexo, o cualquier otra cosa que requiera ser cancelada por el usuario.

La enormidad de esta barbarie va mucho más allá de permitir que el mercado sea el que determine quién se educa y quién no: De golpe y porrazo, el zarpazo de la dictadura transformó a la inversión de mayor rentabilidad social para cualquier Nación, en un poderoso instrumento de discriminación y segregación societaria. A diferencia de la inmensa mayoría de los transables en el mercado, que benefician exclusivamente al adquiriente, la educación beneficia al conjunto de la sociedad, al igual que la salud.

A veinte años del retorno a la democracia, es una verdadera vergüenza que aún mantengamos esta lacra: Que el sistema educacional sea un argumento de consolidación e intensificación de la discriminación social, en lugar de un instrumento para promover el desarrollo de nuestra sociedad y del bienestar de todos los habitantes.

Es una vergüenza para todos los gobiernos de la Concertación y también lo es para el actual, en tanto continúe esgrimiendo argumentos falaces para mantener oculta la crisis de fondo de la educación chilena, desnudada por los miles de jóvenes que no vacilaron en poner en jaque su propia formación para intentar asegurar un mejor futuro para Chile.

En mi opinión, estamos frente a una generación excepcional de héroes, encabezados por los Camila Vallejo, los Giorgio Jackson, los Francisco Figueroa, y todos quienes han tenido el coraje de levantar voz y presencia para defender sus principios y los derechos de los miles de anónimos sin voz en nuestro país y en el mundo.

Por favor, no claudiquen en su causa ni desmayen, que son ustedes portavoces de la causa de todos: Recuerden finalmente que lo verdaderamente difícil no es hacer lo correcto, sino dejar de hacerlo una vez que se ha tomado conciencia de qué es lo correcto. Y ustedes lo saben.

Cualquiera que escuche a algún defensor de las bondades del proyecto Mina Invierno se da cuenta que esta singular iniciativa es única en su género: sólo trae beneficios para la región y para el país y no tiene costos, salvo claro para los generosos inversionistas que arriesgan sus recursos en favor de Magallanes y de Chile.

Los únicos costos que se mencionan son los que inventan los majaderos de siempre, ecologistas y otros enemigos del desarrollo, que insisten en hablar de bichos, pájaros, árboles, agua, aire y otras leseras para cuestionar lo evidente: Si alguien invierte plata, ojalá mucha, y ofrece crear empleos, ya está todo dicho…es algo bueno para el desarrollo y quien afirme lo contrario es sospechoso de subversivo.

Pero veamos qué hay de los beneficios reales y de los costos, más allá de las declaraciones de articulistas panfletarios, que defienden sin rigurosidad el proyecto:

El aporte al “desarrollo” del proyecto viene de cuatro fuentes, perfectamente cuantificables:

1) Una parte de las inversiones proyectadas por alrededor de US$ 500 millones beneficiará a empresas que están en Magallanes, proveyendo algunos servicios en el área de construcción principalmente. Esto estimulará algo la demanda regional durante el período de construcciones, pero sólo lo que se gaste en la región. Con suerte, esta proporción llegará al 10% del total;

2) Creación de aproximadamente 800 nuevos empleos estables en la comuna de Río Verde, que serán un aporte adicional a la demanda local, estimulando la economía regional (durante la construcción se contratarán además a unas 700 personas);

3) Creación de empleos indirectos asociados a la operación de la mina: Si le creemos a Minera Isla Riesco, será un total de unos 3.000 puestos adicionales de trabajo;

4) Incremento en la demanda regional por la compra de algunos insumos a los proveedores regionales para la operación de la mina. La mayor parte de los insumos serán adquiridos sin embargo desde fuera de Magallanes.

¿Y algún costo asociado?

1) Crear empleo es bueno, independientemente de que el proyecto no “resuelva” un problema real, porque Magallanes no lo tiene: La región ha mantenido sistemáticamente las tasas más bajas de desempleo en el país, alrededor de tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Con todo, el “beneficio” para la región será también marginal, correspondiendo exclusivamente al mayor gasto en comercios y servicios locales que realizarán los contratados por la mina.
Pero el proyecto sí crea tensiones importantes: Según datos del último censo (INE, 2002), la comuna de Río Verde tenía una población total de 358 habitantes en ese año: la llegada de 800 nuevas personas, presumiblemente con su grupo familiar, cambiará drásticamente la situación demográfica, política y social de esta comuna.

Dependiendo de la cantidad de miembros del grupo familiar que acompañen a los nuevos contratados, la población total de la comuna se triplicará en el mejor de los casos, pudiendo llegar a decuplicarse si es que todos los miembros del grupo se instalan en Río Verde . Bonito desafío.

2) Los $550 millones de dólares de inversión benefician a la región solamente si es que se gastan en Magallanes, lo que sabemos que no ocurrirá: la inmensa mayoría del beneficio irá para las empresas proveedoras de maquinarias y equipos para la mina, todas extranjeras a la región o al país.

3) Ni hablar de los beneficios que provendrán de la venta del carbón: ni un centavo será para Magallanes y sus habitantes.

¿Algo más? … Solamente dos llamados adicionales a reflexión:

1) Para Chile: ostentamos el triste record de ser el país que más ha aumentado las emisiones de dióxido de carbono per cápita en la última década y este proyecto ayuda a consagrarnos como la única nación en el planeta que, en pleno siglo XXI está fortaleciendo una matriz energética que ya estaba obsoleta hace 50 años. La sociedad civil, todos nosotros, al aprobar este proyecto, estamos subsidiando la destrucción de nuestro patrimonio natural y el futuro del planeta.

2) Para Magallanes: El turismo representa entre un 7% a 8% del Producto Interno Bruto Regional, que en cifras representa anualmente unos MM$65 mil millones de pesos, ofreciendo entre 10.000 a 12.000 puestos de trabajo permanentes. Se ha desarrollado en base a las exclusividades con que cuenta la región: Paisajes prístinos, con escasa o ninguna intervención humana, bellezas escénicas en las que destaca la condición de área impoluta, sin huellas de actividades o industrias contaminantes.

Por construcción y concepto, el proyecto amenaza al turismo regional y contribuye a la debacle planetaria, pero la conciencia de los inversionistas está tranquila: Ellos hacen fe de que la sana práctica del lucro es en realidad en beneficio de la sociedad… y que los problemas que acarreará la explotación del carbón, bueno… esos quedarán en manos de la divina providencia.



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1 : Se estima que el grupo familiar promedio para Chile es de cinco integrantes

El gobierno dio a conocer su proyecto de ley que mantiene sin variaciones las tarifas del gas por los próximos cinco años para todo aquel que no exceda los 25.000 m3 por mes, dejando afecto a alzas a quienes excedan ese límite de consumo mensual, sin claridad sobre el mecanismo de reajuste y además, indexado al valor del dólar. En mi opinión, la propuesta es inconsecuente y una torpeza: La mantención del precio para los consumidores pequeños es coherente con el reconocimiento de las condiciones excepcionales del uso del gas en Magallanes, pero es inconsecuente que se eleve el precio a los “grandes” consumidores. Con toda razón se queja la CPC, porque efectivamente las alzas del gas que experimenten los supermercados y otros proveedores de productos y servicios a la población general, serán traspasados eventualmente a todos nosotros. Y es una torpeza, porque el gobierno con esa fórmula logra majaderamente que los magallánicos paguemos “algo” por los problemas que tiene ENAP, aunque nunca ha habido justificación técnica para el alza. Torpeza, porque en lugar de reconocer con hidalguía que erró desde el principio al subir los precios, llega a una solución que no es chicha ni limonada: El gas regional está subsidiado para corregir parcialmente la pérdida de bienestar que tiene el alto costo de vida en la región para el magallánico; nunca se pretendió que el precio pagado cubriera la planilla de costos de ENAP. Una cosa son los problemas de la empresa ENAP y otra muy distinta son las responsabilidades de gobierno para con el bienestar de la población. Por eso también es que denuncié como falsa la victoria que obtuvimos cuando en lugar de subir 16,8% el precio, se acordó un alza de “sólo” 3%. El tema nunca debió ser “cuánto” sino “porqué se alza”. Y parece que lamentablemente, seguiremos discutiendo cuánto en lugar de porqué.

Sobre la continuidad de la bonificación a la mano de obra y a la inversión, lo primero que cabe es felicitar al senador Bianchi y a todos quienes han estado junto a él apoyando su agenda sobre leyes que corrijan las deficiencias estructurales que tiene nuestra región, evidenciadas en el persistente decline de su economía (hace 50 años Magallanes aportaba un 4,8% al Producto Interno Bruto del país y en 2010 su aporte al PIB nacional se había reducido a un 1%), todo esto siendo un 1% de la población nacional, hace 50 años y ahora.

La prórroga hasta el 2025 de las leyes de corrección (mal llamadas de excepción) es una buena noticia, sin lugar a dudas, pero hay dos temas vinculados que deben llamar a reflexión: el primero es que su continuidad no resuelve ningún problema de fondo: pese a haber tenido en funcionamiento estas leyes durante largos años, han persistido los problemas estructurales de Magallanes, su economía y demografía. Sin perjuicio de que tener estos instrumento es mejor que no tenerlos, no sobredimensionemos su importancia.

El segundo tema es ¿porqué resolvió el Ejecutivo su prórroga, en circunstancias que hasta no hace mucho había la cuasi decisión de que expiraran naturalmente este año?

Me parece que la razón principal de la extensión hasta el 2025 que obtuvimos obedece al pragmatismo político del gobierno, ayudado por un elemental análisis costo-beneficio: Sin duda las autoridades nacionales están preocupadas por la baja aprobación ciudadana que han mostrado las encuestas del gobierno y del Presidente. Sumemos a eso que hace poco Magallanes dio muestras fehacientes de una gran capacidad de movilización de la sociedad civil, precisamente por el tema del precio del gas. La pregunta que se debe haber hecho la Primera Autoridad del país frente al escenario de las repercusiones que tendría quitarnos dos leyes de beneficio neto para la región fue ¿Cuánto me cuesta evitar un costoso lío social y político en Magallanes?.... y su Ministro de Hacienda le respondió:….Sólo un puñado de dólares, Excelencia.

El Gobierno ha dado señales de buena voluntad para abordar el tema de una propuesta de ley con participación ciudadana para la tarificación del gas en Magallanes. Sin embargo, la verdadera discusión sobre el proyecto de ley, este o cualquier otro, debe darse en el Parlamento, por mandato institucional.

El propósito y sentido del trabajo ciudadano a realizarse en torno al tema de las tarifas del gas tendrá entonces un carácter puramente consultivo, no vinculante. Es buena la consulta, pero claramente insuficiente para asegurar que la fórmula legal que finalmente acuerde y promulgue el Parlamento resuelva satisfactoriamente el desafío de fijar un procedimiento que simultáneamente resguarde los intereses de los magallánicos y los de la empresa proveedora del gas.

Para que aquello ocurra, deben concurrir los siguientes requisitos:

1) Que lo que sea que provenga del trabajo de la mesa regional del gas no solamente concite el acuerdo de la ciudadanía, sino que también ofrezca una respuesta técnicamente adecuada al doble desafío que tiene, de compatibilizar los intereses del ciudadano común con el interés corporativo de ENAP;
2) Que una vez recogido el sentir regional, el Gobierno respete lo acordado y lo plasme en el proyecto de ley, aunque la propuesta que emane de la mesa del gas no tenga carácter vinculante;
3) Que los honorables no hagan lo que suelen hacer: desguazar los proyectos de ley y metamorfosearlos conforme lo exijan las presiones de los poderes fácticos de turno, las necesidades de canjes de apoyo político, o ambos.

No se ve fácil el panorama, porque hay demasiados cirujanos empeñados en meterle bisturí al paciente y no están todos de acuerdo sobre la orientación de los tajos.

No solamente por eso, sino porque hay serias definiciones de fondo que no están siendo abordadas y que, en mi concepto ya fueron mal resueltas durante el reciente conflicto que paralizó a Magallanes: la más importante de todas es que ya todo el mundo parece haber aceptado la validez de que el alza del precio del gas DEBE ser pagado por los consumidores regionales. Astutamente, el foco de la discusión derivó rápidamente hacia “cuánto” era el nivel aceptable del alza del precio del gas domiciliario, en lugar de “porqué” debía subir. Con esta hábil maniobra ministerial, haber “logrado” que el 16,8% de incremento bajara a sólo un 3% se leyó como un triunfo del espontáneo movimiento social y perdimos la oportunidad de exigir de que el alza, cualquier alza de un servicio básico, sea el resultado de un proceso que toma en cuenta, analiza y pondera todos los factores y variables que son afectados por esa variación y no simplemente de voluntarismos o ignorancia de la autoridad de turno.

Pésimamente aconsejado, el Gobierno decidió decretar sin más la subida de 16,8% en el precio del gas, porque eso resolvería el problema de una de las partes, la ENAP. Para darle oxígeno a ese paciente, recién ingresado a la UTI, la peor alternativa era quitarle el tubo al paciente con insuficiencia crónica, a Magallanes.

Durante los últimos 50 o 60 años, la región ha crecido menos que el resto del país, ha perdido capital humano y cada vez pesa menos en la economía y la población nacional: es curiosamente a la vez una región que ha hecho a gobiernos de todas las tendencias y colores cacarear la misma frase vacía: “Esta es una región de extraordinaria importancia geopolítica”. Si dicha importancia se hubiese tomado en serio, no estaríamos en el lugar en que estamos hoy día: intentando negociar un “buen trato” con autoridades bien intencionadas que llevarán una propuesta al Parlamento, sin saber siquiera si dicha propuesta se construye o toma en cuenta la situación de precariedad estructural de Magallanes, resultante en gran medida de desidia institucional de largo aliento.

Independiente de los mecanismos que se propongan para efectuar los cálculos de reajustabilidad del precio del gas domiciliario que serán objeto de ley, me parece que es condición sine qua non evaluar previamente cuáles son las reales necesidades que tiene la región para poder romper su estancamiento secular.

La mesa de trabajo del gas tiene una gran oportunidad de introducir cordura e instalar algo más de racionalidad en los procesos de toma de decisiones en el país: ojalá la aprovechen, examinen con perspectiva de Estado la situación de Magallanes y no se queden solamente en el debate de formulismos técnicos de corto aliento. La región y los desafíos de su dinámica económica, social y demográfica requieren de un enfoque más estratégico que táctico. Mis mejores deseos al éxito de su labor.