¿DERECHOS O PRIVILEGIOS?

Derechos y privilegios tienen en común el permitirnos acceder a algún bien, a cualquier bien, material o inmaterial. Se diferencian en que los derechos benefician a toda la población y los privilegios solamente a quienes poseen el factor o característica con la que se discrimina. El factor discriminante más recurrente y perverso para el orden social es la riqueza, aunque no es el único; como contrapartida, su carencia también lo es, así como lo son la edad, el sexo, la religión, la etnia, o cualquier rasgo distintivo que permita discriminar. La pobreza y/o vulnerabilidad, el género, la etnia, son discriminantes habituales en programas sociales.

Derechos y privilegios respecto del mismo bien, material o inmaterial, son mutuamente excluyentes por definición. Si el bien en cuestión está efectivamente al alcance de todos, sin exclusiones, se trata de un derecho. Si solamente está disponible para algunos, se trata de un privilegio, independiente del factor discriminante que se emplee.

Desde la perspectiva de cada ciudadano, el acceso a la educación, o bien es un derecho social, garantizado por el Estado, o bien es un privilegio al que acceden quienes tienen el discriminante adecuado, pero no puede ser ambos simultáneamente. Si el acceso no es universal en igualdad de condiciones, automáticamente se trata de un privilegio, aunque se trate de un privilegio “progresivo” porque tendería a reducir la inequidad en la distribución de la riqueza. Es la base del argumento de que es “más justo” que los hijos de los ricos paguen por su educación y el Estado se aboque solamente a facilitar –ni siquiera a financiar íntegramente- la educación de los pobres.

Esta propuesta discriminatoria, que está en la agenda de todos los candidatos y precandidatos a la Presidencia, es menos injusta que la actual situación en que se encuentra la educación chilena, basada en la discriminación regresiva en base al dinero, en que los pudientes pagan por darle educación de calidad a sus hijos y el Estado administra mezquinamente las sobras para atender la educación de los pobres.

Este escenario de propuestas es francamente desolador, porque significa que no tenemos esperanza de que el sistema realmente cambie de fondo con ninguno de los candidatos que llegue a la Moneda. A lo más, se escuchan vaguedades sobre “procesos paulatinos para extender la gratuidad en el futuro”.

Es desolador, porque el problema de fondo es que, por justiciero que parezca o popular que suene, es un error garrafal emplear el acceso a la educación como un instrumento de redistribución que favorezca a los más vulnerables. No porque no sea indispensable hacerlo, sino porque la educación no es el instrumento idóneo para llevarlo a cabo. Usarla para esos fines erosionará las bases de la sociedad más justa y solidaria que todos vocean querer construir, en lugar de fortalecerla. Construir una sociedad mejor, basada en el respeto y la cooperación, no puede erigirse sobre pilares que continúan institucionalizando las diferencias y los privilegios.

Inevitablemente me vienen a la memoria los versos de la hermosa canción de Víctor Jara pidiendo al Dios del Cielo “que la tortilla se vuelva” y que los ricos finalmente coman mierda. Son versos que recogen la impotencia y el sentir de los oprimidos de siempre, reclamando un lugar digno en la sociedad, pero no es posible instituir un orden social justo y sustentable en base al oprobio de algunos, por muy propia que parezca la ley del Talión.

Instrumentos idóneos abundan y debieran ser conocidos de sobra, especialmente por el Presidente Piñera, la expresidenta Bachelet y su exMinistro de Hacienda, partiendo por una reforma tributaria en serio, que permita asegurar que el Estado cuente con los recursos que se requieren para asegurarle a todos los niños y jóvenes de este país que tendrán acceso gratuito a su educación, desde la cuna hasta la Universidad y que ninguno será discriminado por tener o por carecer de medios económicos… o por cualquier otro motivo.

Me parece irresponsable y panfletario que se esgriman argumentos insistiendo que “hay poca plata” y que esos pocos pesos no deben favorecer a los que pueden pagar por educarse. Es irresponsable porque si no hay más pesos para pagar por la educación de todos los jóvenes de Chile, es porque alguien no hizo “la pega” (fueron muchos alguien en realidad), de asegurar que los ingresos del Estado fuesen suficientes, vía tributos, para que no falten pesos para algo tan importante como garantizar la educación de todos.

Es irresponsable además el planteamiento porque olvida u omite que el principal interesado en garantizar una educación para todos, de calidad, es el propio Estado, en la defensa de los intereses de la Nación. Sin excepción, los aspirantes al sillón de O’Higgins enfocan el tema de la educación como si fuese un asunto de los padres, de las familias, de los educandos y no del principal interesado, el propio país. Ninguno ha logrado desprenderse de la lógica maldita del mercado, que institucionalizó la Dictadura de Pinochet, transformando derechos ciudadanos en privilegios de los pudientes y poderosos del país. Lo mejor que han llegado a proponer es que ahora discriminemos “positivamente”, que los ricos paguen por educar a sus críos y que el Estado se haga cargo del resto. Con el apoyo de los idiotizados discípulos de Milton Friedman (porque ideologizaron el conocimiento), transformaron derechos ciudadanos en “bienes transables” en el mercado.

Y ciertamente es panfletario, porque ninguno de los personajes mencionados –nadie en verdad- puede ignorar que mejorar la equidad y redistribuir riqueza y oportunidades no se puede llevar a cabo a costa de vulnerar los derechos que se dice estar defendiendo. Así se destruyen sociedades, no se construyen futuros para nadie.

Lo único que realmente garantiza y asegura para todos el modelo neoliberal que abrazamos, es el derecho de cada ciudadano de acceder al mercado para poner en venta sus necesidades y subastar la miseria al mejor postor.

Es alta hora de que los tomadores de decisiones y los candidatos a tomador de decisiones se pongan pantalones largos y trabajen en serio, proponiendo, aprobando e implementado las medidas que aseguren recursos para que la educación sea efectivamente un derecho y erradiquemos los privilegios, cualquiera sea su pretexto.

Lo cual nos lleva a la pregunta anexa… ¿Puede ser gratis la educación para todos?

Taxativamente no… para todos, la educación como cualquier bien tiene un costo. El tema real no es si la educación puede ser gratuita, en genérico, porque no lo es y nunca podría serlo, sino quién debería pagar la cuenta. Estamos asumiendo además que se trata de educación de calidad, a todos los niveles.

Y la respuesta es evidente, si es que honramos la noción de que se trata de un derecho y no un privilegio: El que debe pagar la cuenta es el Estado, cumpliendo responsablemente con el mandato de la ciudadanía, que exige igualdad de oportunidades y que no se comercialicen sus derechos básicos.

¿Y cómo puede pagarla?

Para eso se requiere efectivamente una reforma tributaria seria, que imponga tasas diferenciadas que aseguren dos cosas: Que los que poseen más riqueza efectivamente paguen proporcionalmente más, y que la nueva estructura tributaria se construya de manera de asegurar que se recaudará todo lo que se necesita para asegurar los derechos ciudadanos.

Es interesante anotar que el único motivo por el cual la educación se ha instalado firmemente en la agenda nacional, ha sido por la presión que han ejercido los estudiantes y las organizaciones sociales reclamando en las calles lo que parlamentarios y autoridades de gobierno les han negado en el congreso y en los despachos ministeriales.

Con todo lo positivo que es para la nación el que hayan surgido estos adalides en defensa de los derechos educacionales de todos, no deja de ser triste anotar que la educación está en primera plana porque para los jóvenes es más fácil salir a marchar y enfrentar la dureza –cuando no brutalidad- policial, que los enfermos y los usuarios del aberrante sistema de salud nacional, en el que a nadie sorprende que las ISAPRES incluso se ufanen públicamente de las ganancias que obtienen de los problemas de salud de sus conciudadanos.

Mi mayor esperanza, como ciudadano de este país, es que la nobleza que nuestros jóvenes han restituido al accionar político nacional se extienda como una plaga benéfica y contagie a todos, pero muy particularmente a quienes tendrán el honor de conducir los destinos de la patria y a la clase política, que hasta ahora ha demostrado ser inmune a la decencia, salvo excepciones notables.

En primer lugar, es fundamental entender que NO se trata de leyes de excepción, como majaderamente insisten muchos. Conceptualmente, son leyes de corrección: lo que hacen es intentar corregir asimetrías competitivas de Magallanes respecto de la “situación normal” que tiene el resto del país. Comunicacionalmente, es muy diferente pedir leyes que hacen “excepciones” a la norma, que exigir leyes que corrijan situaciones erradas. Dicho eso, expondré brevemente porqué estoy convencido de que no conviene continuar intentando resolver el escenario regional por la vía de la discusión en torno a las leyes especiales o de corrección y luego, cuál sería, a mi juicio, el camino a seguir como región y las condiciones que se requieren para que obtengamos resultados eficaces y notorios.

Todos los cuerpos legales de corrección se han promulgado en su momento por la percepción de las autoridades de turno, sustentada en evidencia estadística, de que Magallanes crece menos que el resto del país, desde hace más de cinco décadas. De hecho, en 1960, la economía regional representaba casi un 5% del PIB nacional. En 2010, apenas representamos el 1%.

Todas las leyes especiales han tenido “buenas intenciones”, pero como lo muestra la evolución de nuestra economía, han fracasado en su propósito de impulsar el desarrollo regional, y/o al menos emparejar el crecimiento de la economía con la del promedio nacional.

En mi opinión, aunque parezca insólito, esto ha ocurrido porque nunca hubo un diagnóstico previo sobre los motivos que explicasen el bajo crecimiento y se procedió simplemente a intentar crear condiciones favorables para la inversión y los emprendimientos en general, esperando con ello revertir la historia.

Sin duda que, de no existir estas leyes, hoy estaríamos aún peor que sin ellas, pero el tema de fondo que deseo plantear es que, sin un diagnóstico previo, comprobable, de las raíces de la escasa dinámica económica regional, será muy difícil convencer a nadie en el Parlamento y, sobre todo, al Ejecutivo, a Hacienda, de que las medidas especiales que se instauren son económicamente sensatas, justificadas y financiables sin necesidad de incurrir en déficits.

Postulo que, en su conjunto, los síntomas económicos que muestra la región son evidencia de que EL motivo que explica el bajo crecimiento secular de Magallanes es un déficit crónico de demanda agregada, de gasto dentro de la región. Este déficit crónico a su vez tiene raíces estructurales, que no puedo explayar en estas pocas líneas por motivos de espacio, pero están también bastante claras.

La primera de las condiciones que se requieren para tener éxito, es un cambio táctico y estratégico del eje de la discusión sobre las leyes especiales para Magallanes. Este cambio consiste en iniciar la “causa” de las leyes especiales sobre la base de demostrar que efectivamente, el bajo crecimiento regional se explica por un déficit sistemático de gasto que, de no resolverse, continuará empequeñeciendo la economía magallánica. Demostrado este punto crucial del argumento, que incluye una estimación de la magnitud de este déficit crónico, ocurren dos cosas:

1) Se establece una base simple, directa y efectiva sobre la cual generar una propuesta de más largo aliento, que aborde directamente la raíz del problema, i.e., el déficit de demanda, y;

2) Se fortalece cualquier argumentación y/o negociación para mantener algún esquema modificado de leyes especiales por un tiempo prudencial, que permita elaborar y afinar el nuevo marco.

El cambio de perspectiva es significativo: En lugar de continuar centrando la discusión, relativamente estéril, en torno a las actuales leyes especiales y sus posibles modificaciones, se genera un acuerdo marco que identifica explícitamente el origen del problema, además de cuantificarlo para efectos de política económica. Este sólo acuerdo permitirá orientar de manera más eficaz el nuevo marco legal especial, que deberá centrarse en cerrar la brecha crónica de demanda agregada regional.

La segunda de las condiciones que deben darse para avanzar en un cambio significativo del marco legal especial para la región, es que haya una sola voz, sin fisuras, especialmente de sus parlamentarios y de la comunidad en pleno, respecto de los contenidos de dicho marco legal o “estatuto de desarrollo” que exigimos para Magallanes.

Sin esta unidad de perspectiva, que debe estar bien fundamentada, las posibilidades de obtener los cambios exigidos se hacen escasas, por no decir nulas, salvo por supuesto, los cambios cosméticos a que fuerce el tironeo político, que nada tiene que ver con los requerimientos reales de la región.

La última cifra del INACER, mostrando que la actividad económica en Magallanes cayó durante 2011 un 3,9% respecto del mismo período en 2010 no hace sino confirmar un diagnóstico común: La economía regional padece de un déficit crónico de demanda agregada que la tiene rezagada al último lugar del país desde hace varias décadas.
En 1960, Magallanes aportaba casi el 5% al PIB nacional; durante 2010 ese aporte se redujo al 1%....y según las últimas estadísticas del INACER, continuamos en la rodada.
En palabras del señor Intendente Storaker, se requieren cambios estructurales, diversificar la matriz productiva regional…y tiene toda la razón. Afortunadamente, ya hay consenso sobre el diagnóstico, pero el problema radica en ¿cómo lograrlo?.. ¿cómo provocar los cambios que se requieren?
Las leyes especiales no han bastado, lo que es confirmado por la evidencia empírica que muestran las cifras de la evolución de la economía regional, sin perjuicio de que es razonable suponer que sin ellas, la situación actual sería aún más desastrosa.
¿Qué hacer entonces?
Sin ser partidario de recetas, es sin embargo fundamental que la estrategia regional de desarrollo se centre en aumentar significativamente el gasto agregado y de manera sostenida en el tiempo. Potenciar sostenidamente la demanda tiene efectos multiplicadores sobre el producto y el ingreso, precisamente las variables históricamente deficitarias. En mi opinión, cualquier estrategia efectiva debe incorporar algunos ingredientes básicos, sin los cuales solo cosecharemos nuevos fracasos y frustraciones, sin importar la autoridad de turno:
1) Capital humano: Hay evidencia acumulada de que la región ha sistemáticamente perdido personas con capacidades, conocimiento y experiencia valiosa y ha acrecentado la población con necesidad de apoyo social. Cualquier estrategia o política de desarrollo regional DEBE abordar este balance negativo. Para ello, deben asignarse recursos del FONDEMA para financiar el o los programas que se implementen para revertir este largo proceso de descapitalización humana ;

2) Diversificación productiva y sectores estratégicos del desarrollo: Lo primero es definir en base a qué queremos y escogemos desarrollarnos: ¿Lo haremos como hasta ahora, explotando hasta lo imposible nuestros recursos naturales? La respuesta debiera ser evidente: Nuevamente la cifras indican que no es el camino y los últimos datos de la dinámica económica regional también lo confirman. En mi concepto, es indispensable que demos un salto cualitativo y cuantitativo, apostando a potenciar actividades, inversiones y emprendimientos que den garantías de que traerán aparejados los incrementos de demanda agregada que requiere Magallanes para desarrollarse. Esta sola condición deja fuera de carrera a la mayoría de los proyectos e inversiones basados en la explotación de recursos naturales.

Tampoco se trata de partir de cero, porque los apoyos que entregan instituciones como Corfo, Sercotec o el Fosis están mayoritariamente bien orientados. Pero se requiere mucho más, se requiere inducir mucho más dinamismo a la economía regional, y específicamente en actividades o sectores cuyo denominador común sea poseer alta competitividad internacional, ser realmente de avanzada, sustentables ambientalmente y cuyos flujos principales de ingreso se reciclen en Magallanes.

La receta ni siquiera es nueva: El problema es que nunca se ha aplicado verdaderamente en nuestra alicaída región. Afortunadamente, disponemos de los recursos financieros para provocar los cambios y falta solamente la voluntad política de nuestras autoridades para cambiar de una vez la faz de nuestra región. Para bienestar de todos.

Lo primero que es necesario dejar en claro es que la educación, en cualquiera de sus niveles, no es gratis. Tiene costos, en tiempo, recursos humanos, financieros, o ambos.

La pregunta relevante para la sociedad es ¿Quién debe asumir estos costos?.. y la respuesta a esta pregunta está determinada por la respuesta a una pregunta previa, a saber, ¿Qué es la educación para una sociedad? Para ésta solo hay dos alternativas: Se trata de un derecho que la sociedad garantiza a todo ciudadano, independiente de su condición social y patrimonial, o se trata de un bien transable más en el mercado, al que se accede en la medida que se dispone de recursos para adquirirlo.

Por definición, si se trata de un derecho, no puede exigirse al educando que lo pague, tenga éste o no los medios para cancelarlos, porque en el mismo momento en que paga, cesa de ser un derecho y se convierte en un privilegio.

La situación real de la educación en Chile es la consagración de la hipocresía: Se declara la educación como un derecho de rango constitucional, pero al mismo tiempo se exige su pago al educando, con algunas excepciones. El planteamiento original de los estudiantes exigiendo gratuidad de la educación para todos, es exactamente lo que debe defenderse a todo evento: Las estupideces planteadas por voceros de todo el espectro político, intentando argumentar que es imposible, que no puede financiarse, que el país no tiene recursos suficientes es una torpe mentira, que desconoce el hecho cierto de que los recursos están, para todos los niveles educacionales. El tema de fondo es que estos recursos provienen hoy día mayoritariamente de los propios educandos o de sus familiares. La educación debe ser gratuita para todos quienes estudian y es responsabilidad del Estado cancelar esa cuenta.

Lo que realmente argumentan quienes afirman que la educación no puede ser gratis o que no hay recursos del Estado para pagarla, es que el actual Gobierno, al igual que todos los gobiernos previos de la Concertación, no está dispuesto a respetar la condición de “derecho” a la educación que tienen todos los ciudadanos chilenos. No hay doble lectura al hecho que, si el educando o su familia deben pagar, aunque sea parcialmente por su educación, no se trata de un derecho, sino de un privilegio reservado para quienes tienen dinero para costearla.

En mi opinión, aparte de los asesinatos, las torturas y la desaparición de personas, el legado más nefasto de la dictadura de Pinochet fue la destrucción del sistema educacional chileno, mediante el simple arbitrio de convertir a la educación en un producto más, transable en el mercado al igual que el pan, el licor, el sexo, o cualquier otra cosa que requiera ser cancelada por el usuario.

La enormidad de esta barbarie va mucho más allá de permitir que el mercado sea el que determine quién se educa y quién no: De golpe y porrazo, el zarpazo de la dictadura transformó a la inversión de mayor rentabilidad social para cualquier Nación, en un poderoso instrumento de discriminación y segregación societaria. A diferencia de la inmensa mayoría de los transables en el mercado, que benefician exclusivamente al adquiriente, la educación beneficia al conjunto de la sociedad, al igual que la salud.

A veinte años del retorno a la democracia, es una verdadera vergüenza que aún mantengamos esta lacra: Que el sistema educacional sea un argumento de consolidación e intensificación de la discriminación social, en lugar de un instrumento para promover el desarrollo de nuestra sociedad y del bienestar de todos los habitantes.

Es una vergüenza para todos los gobiernos de la Concertación y también lo es para el actual, en tanto continúe esgrimiendo argumentos falaces para mantener oculta la crisis de fondo de la educación chilena, desnudada por los miles de jóvenes que no vacilaron en poner en jaque su propia formación para intentar asegurar un mejor futuro para Chile.

En mi opinión, estamos frente a una generación excepcional de héroes, encabezados por los Camila Vallejo, los Giorgio Jackson, los Francisco Figueroa, y todos quienes han tenido el coraje de levantar voz y presencia para defender sus principios y los derechos de los miles de anónimos sin voz en nuestro país y en el mundo.

Por favor, no claudiquen en su causa ni desmayen, que son ustedes portavoces de la causa de todos: Recuerden finalmente que lo verdaderamente difícil no es hacer lo correcto, sino dejar de hacerlo una vez que se ha tomado conciencia de qué es lo correcto. Y ustedes lo saben.