El proyecto de explotación a tajo abierto de la minera Invierno en Isla Riesco, será implementado en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Este destructivo proyecto para el clima global, el medioambiente y la biodiversidad patagónica, fue aprobado como en las mejores dictaduras bananeras o del norte de Africa: por votación unánime. En este caso quienes decidieron fueron la Intendenta Liliana Kusanovic, en representación del gobierno central ubicado en Santiago de Chile, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los previamente alineados Secretarios Regionales Ministeriales.

Esta decisión da luz verde al primero de los cinco proyectos de explotación carbonífera para la región de Magallanes, constituyendo un nuevo paso hacia la "carbonización" de la matriz energética del país en base a energía sucia. Todo ello está ocurriendo a contrapelo de las tendencias existentes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), del cual Chile es un reciente miembro.

BANANO-ESTALINISMO AMBIENTAL: TODOS LOS EIA APROBADOS POR UNANIMIDAD
En Magallanes, la nueva institucionalidad ambiental, cuidadosamente diseñada por los negociadores de la Alianza de derecha gobiernista y la Concertación, con objeto de eliminar cualquier intento de oposición regional, logró excluir de las votaciones a los consejeros regionales. Estos representantes votaban en el antiguo sistema, permitiendo la expresión del sentimiento ciudadano local. Frente a la importancia de la decisión, los consejeros habían solicitado en la última sesión del CORE aplazar la votación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de isla Riesco hasta que se clarificaran las contradicciones existentes entre la antigua y nueva legislación ambiental.

También lo había solicitado la ciudadanía regional organizada en el Frente de Defensa Ecológico Austral, la iniciativa ciudadana Alerta Isla Riesco y la Organización Comunitaria de Desarrollo Sustentable de Río Verde, debido a gruesos errores existentes en las determinaciones de la velocidad de los vientos en el área de este proyecto de explotación minera a tajo abierto.

El proyecto industrial consiste en la extracción de carbón bituminoso, combustible fósil considerado de bajo potencial calórico y escasa calidad. Por ende, más contaminante para el medioambiente al contener altos niveles de humedad y bajo contenido de carbono.

Para dejar en evidencia cómo se ha implementado el modelo bananero-stalinista en Magallanes, el ex gerente general de la empresa AES Gener, una de las propietaria de la central termoeléctrica Guacolda, junto con los grupos Angelini y Von Apen, era Sergio del Campo, quien acaba de ser nombrado recientemente como subsecretario de energía de la República de Chile.

A esta funcional coincidencia, se tiene que sumar la aprobación en diciembre del 2009 del proyecto portuario de Punta Lackwater, propiedad del grupo Von Appen, el que será utilizado para transportar el carbón hacia las regiones centro- norte del país.

HACIA EL FAR-WEST PATAGÓNICO
Si se continúan aprobando por "unanimidad" los restantes cuatro proyectos mineros, que suman reservas por 240 millones de toneladas de este contaminante material, se le aseguraría a las centrales termoeléctricas un suministro continuo de este combustible fósil hasta el 2030, consolidando de paso un negocio redondo para la sociedad de las empresas Copec y Ultramar, propiedad de los grupo Angelini y Von Appen respectivamente.

Importante es señalar que los hermanos Sven y Wolf von Appen son a su vez propietarios de la naviera Ultramar, cuyos barcos transportarán el carbón desde su puerto en Punta Lackwater, isla Riesco, hasta las centrales termoeléctricas ubicadas en el centro y norte del país. Con ello este grupo empresarial integraría sus negocios de energía, mineros y navieros, a costa del patrimonio ambiental patagónico.

Los grupos Angelini y Von Appen son dueños en un 25%, cada uno, de la central termoeléctrica Guacolda en Huasco, correspondiendo el resto a la empresa AES Gener.

CARBÓN BARATO Y CONTAMINANTE, Y MANO DE OBRA FORÁNEA
Teniendo la explotación y distribución de carbón asegurada desde Magallanes, se dará luz verde a una serie de proyectos de centrales termoeléctricas, los cuales tendrán a su disposición combustible fósil barato por dos décadas. Con ello se incentivará la presentación de nuevos proyectos energéticos de este tipo.

En la etapa de construcción del proyecto de la mina Invierno se necesitarán alrededor de 800 personas. Todas ellas especialistas en la operación y mantención de equipos mineros y de operación portuaria, por lo cual la mano de obra provendrá mayoritariamente de fuera de Magallanes. Frente a esta dura realidad, el bi-ministro Laurence Golborne sostuvo socarronamente que “en Magallanes tendrán que ver la manera de entrenarse y capacitarse para cumplir con la necesidad que se genere en la zona. Allá hay capital humano para el trabajo”.

Ya que continúan los graves problemas sanitarios y ambientales en la industria salmonera en Chiloé y Magallanes, como ciudadanos nos preguntamos, ¿ha cambiado la cultura corporativa del empresariado salmonero en Chile, luego de haber generado la mega crisis sanitaria, ambiental y social en la Región de Los Lagos, la cual dejó 20 mil cesantes, 80 por ciento de los centros de cultivo en “descanso”, y pérdidas por más de 2 mil millones de dólares?

Dos situaciones ocurridas recientemente nos pueden ayudar a responder si la denominada nueva “salmonicultura 2.0” es real, o tan sólo relaciones públicas y propaganda: La primera de ellas dice relación con la empresa comercializadora de capitales daneses “Vega Salmón”, la cual ha iniciado acciones legales contra la compañía Multiexport en el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, acusándola de haber enviado 300.000 kgs de salmón no apto para consumo humano, en vez del producto "premium" por el que habían pagado anticipadamente US$ 1.170.550 dólares .

Esta impresentable situación quedó en evidencia cuando los funcionarios de la compañía danesa revisaron el cargamento proveniente de Chile en Alemania. “El olor que estos expedían, no correspondía al salmón de calidad premium adquiridos". Así lo señala el libelo que presentó el abogado Francisco Pinochet en Puerto Montt, quien aseguró a El Llanquihue que "recibieron un salmón, que según los informes que tenemos, no es apto para consumo humano... Es un pescado que da asco".

El trabajo de evaluación de Newfoundland Marine Group Ltda. en cooperación con el veterinario Jan Gjerde, el ingeniero consultor Magnar Bruvik, y Aqua-Lab AS, arrojó que la causa de muerte de los salmones enviados por Multiexport no fue su extracción y procesamiento, sino diversas enfermedades, es decir que los ejemplares estaban muertos o moribundos al momento de producirse su procesamiento, no obstante lo cual fue congelado para su exportación y vendido para ser consumido en Europa.

La tarea de las empresas certificadoras europeas fue evaluar la calidad del salmón cultivado y procesado mediante observaciones externas e internas de acuerdo al requerimiento mínimo del estándar para el salmón de la industria Noruega.

Estos exámenes, pruebas y análisis se realizaron el día 19 de enero de 2010, en dependencias de Aqua Labs en Noruega. Las conclusiones finales del análisis señalan que “todos los pescados examinados presentan una calidad tan baja, que no cumplen con el requerimiento mínimo del estándar para salmón de la industria Noruega (NBS10-01)”. Agrega que esto se debe “a un estado de salud muy bajo de los pescados en el periodo de cultivo”, y asegura que los salmón enviados por Multiexport “no están aptos para el consumo humano”.

Antes de iniciar acciones legales, los daneses trataron de contactar a Multiexport, sin respuesta positiva. Por ello los importadores de salmón también abrieron el flanco diplomático e informaron a su Embajada en Chile. Finalmente, representantes de la compañía danesa viajaron a Puerto Montt, sin lograr hasta la fecha solución alguna por parte de Multiexport. Por esto, solicitaron al tribunal medidas pre judiciales, para dar inicio a una demanda de indemnización de perjuicios.

El segundo caso se vincula con el primer brote de virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (virus ISA) en jaulas salmoneras que la compañía Acuimag mantiene cerca de Torres del Paine, en la Región de Magallanes y Antártica chilena. El manejo de esta emergencia sanitaria por parte de la industria y los funcionarios gubernamentales del sector pesquero y de acuicultura ha puesto en evidencia graves irregularidades. Entre ellas, la existencia en el centro infectado de una sobreproducción ilegal de salmones que triplica lo autorizado, es decir 600 son las toneladas en riesgo de infección viral. A esto se suma que parte de las mortalidades masivas de peces habrían sido eliminadas mediante un incinerador de dudosa procedencia, otro porcentaje fue recepcionado en el vertedero municipal de Punta Arenas.

Pero el anuncio del Servicio Nacional de Pesca respecto a que una cantidad indeterminada de estos salmones infectados está siendo procesada y congelada en una planta de proceso en Magallanes, mantiene en alerta a la comunidad nacional e internacional. Y es que se desconoce si estas producciones serían comercializadas para consumo humano a nivel interno o en los mercados habituales de destino de la compañía Acuimag. Estados Unidos lidera los países donde la salmonera chilena exporta sus productos de salmón, le sigue Alemania y en menor porcentaje Israel, México, y Brasil.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud está vulnerando la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos, la cual entre sus principios establece, el “respeto y promoción del derecho a la salud y a una alimentación saludable y segura”, “garantía de transparencia y participación muy especialmente en el proceso de análisis de riesgo”, “decisiones basadas en información y evidencia científica”, y “cumplimiento de las obligaciones en el ámbito internacional”.

Además, el Ministerio debe impedir que los especimenes contaminados lleguen al consumo humano, debido a que no existió el "tiempo de carencia", por lo que existen altos niveles de residuos de antibióticos. Estos pueden generar problemas de alergias o reacciones inmunológicas a las personas sensibles, hasta problemas de resistencia bacteriana.

Mientras no existan evidencias científicas de la inocuidad de estos productos, las autoridades del Ministerio de Salud en virtud de la aplicación del principio precautorio y la defensa de la salud pública, debe establecer la prohibición inmediata de la comercialización y consumo de peces de cultivo industrial provenientes de situaciones de emergencias sanitarias.

Con la proliferación de establecimientos de expendio sushi de salmón, el riesgo para los consumidores aumenta ya que no se estaría cumpliendo el derecho a ser informados adecuadamente sobre la procedencia de la materia prima de estos productos. Esto constituye un elemento básico en el derecho de los consumidores chilenos a contar con la información sanitaria relevante al momento de efectuar su decisión final de compra, teniendo en cuenta su bienestar y el de sus familias.

Además, este caso recuerda lo ocurrida en 2003 cuando cientos de toneladas de salmones chilenos fueron retenidos en mercados internacionales, porque estaban contaminados con verde de malaquita, un fungicida prohibido internacionalmente por los efectos cancerígenos en el ser humano. En Chile no había regulación al respecto, y la industria del salmón negaba su uso. Finalmente, el Ministerio de Salud aceptó las demandas de las organizaciones de medioambiente y de consumidores, modificó la norma y prohibió el uso de este fungicida y también el consumo de productos que presenten residuos de verde malaquita.

Resulta urgente para Chile iniciar los procedimientos que aseguren, en cumplimiento con los compromisos contraídos como país miembro de la OCDE, los derechos de los chilenos para acceder a alimentos inocuos y seguros al igual que los consumidores de los países a los cuales se exportan, estandarizando las normas, metodologías y técnicas, para eliminar cualquiera posibilidad de discriminación al respecto.

Tormentosas están las aguas en la otrora influyente asociación SalmonChile. La industria salmonera, quien fuera la consentida de los gobiernos de la Concertación, periodo durante el cual coloco a uno de sus presidentes como Subsecretario de Pesca y su producción se expandió sin cortapisas, imponiendo sin contrapeso sus intereses corporativos a las comunidades costeras y ciudadanía del sur de Chile, empieza a evidenciar profundas divergencias internas.

El actual quiebre que afecta a la patronal ocurre en un complejo escenario político para esta industria. A la creciente oposición ciudadana y empresarial de la Región de Magallanes frente a la solicitud de 1.600 nuevas concesiones, se suma la necesidad de evitar que continúe la pérdida de posiciones estratégicas en el establecimiento de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA). Ello debe ocurrir antes de abril del 2011, fecha en que concluirá la actual moratoria que impide la entrega de nuevas concesiones acuícolas y finalice el proceso de zonificación costeras en esta estratégica región patagónica.

Paralelamente la industria salmonera negocia con un heterogéneo grupo de actores financieros, corporativos y sociales, el apoyo para la dictación de los reglamentos de la recién modificada Ley de Pesca y Acuicultura. Este proceso que se ha ido retrasando, constituye el paso clave para hacer operativo este cuerpo legal aprobado el 10 de marzo, a horas de finalizar el gobierno de Michele Bachelet, que es un traje a la medida para los intereses de las grandes empresas y de los bancos acreedores de esta industria exportadora.

Esta ley fue el resultado del acuerdo establecido el 2008 entre el gobierno de la Concertación, los partidos de derecha agrupados en la Alianza por Chile, SalmonChile y la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras, cuyo objetivo fue la entrega de certezas jurídicas a los bancos acreedores de la industria. Esto mediante la hipoteca de las concesiones de acuicultura, bienes nacionales de uso publico, las que avalaran la deuda privada de las empresas salmoneras, cercana a los 2.500 millones de dólares. A su vez dicha ley privatiza de hecho el litoral nacional mediante la entrega de concesiones por 25 años, que serán renovables sucesivamente, y la puesta en marcha de la figura de los “barrios salmoneros”.

NADANDO CON EL ENEMIGO
A la demoledora renuncia efectuada en agosto a la vicepresidencia de SalmonChile por parte de Victor Hugo Puchi, siguió el posterior retiro de su empresa AquaChile -principal salmonera chilena y una de las cinco más importantes a nivel mundial.

Puchi tuvo un papel pionero y de liderazgo en la arrolladora expansión de esta industria entre 1990 y 2007, la que incluyo la presidencia de SalmonChile. Durante la crisis del virus ISA, dadas sus relaciones políticas y teniendo como operador al ex Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval, quien paradójicamente tras finalizar el gobierno de la Concertación se integro a AquaChile, fue uno de los impulsores del gubernamental “plan de rescate” de la industria, entre cuyos resultados están la entrega de 450 millones de dólares de dineros públicos a las empresas afectadas y la funcional modificación de Ley de Pesca y
Acuicultura.

Días antes que trascendiera a la opinión pública la renuncia de Puchi, la asociación corporativa trato infructuosamente de ocultar lo que ya era un secreto a voces. Para ello su gerente general Carlos Odebret sostuvo que “no hay quiebre ni hay ningún tipo de conflicto. Hay una relación continua y AquaChile sigue siendo socio de SalmonChile”.

A pesar que Puchi sostuvo en sus primeras declaraciones que no tenia previsto impulsar la creación de un nuevo referente gremial, ni estaba interesado en que otros actores se sumaran a su postura, a las pocas semanas el holding Invermar, otra emblemática compañía salmonera nacional, presento su renuncia.

Invermar fue la primera compañía salmonera que entró a la Bolsa, y su presidente Mario Montanari es otro histórico y activo empresario que actualmente lidera la estrategia gubernamental y empresarial “Chile
potencia alimentaria” que pretende transformar al país sudamericano en uno de los diez mayores exportadores mundiales de alimentos. A la vez Montanari ha creado el holding Innspiral, para el desarrollo de negocios de las empresas chilenas y multinacionales en el mercado chino.

CUANDO EL RIO SUENA...
Al conflicto se ha sumado esta última semana la Asociación de Productores de Salmon Coho y Truchas de Chile A.G. (Acotruch), coalición de empresas donde los intereses empresariales japoneses tienen una marcada influencia. Acotruch ha expresado su critica al nuevo escenario productivo generado por las modificaciones a la Ley de Pesca, que beneficia de los grandes productores y exportadores de salmón del atlántico (Salmo salar).

Es por ello que están demandando el derecho a la igualdad de trato mediante la consideración y respeto del ciclo biológico del salmón coho, la entrega de certezas jurídicas para las Pymes salmonicultoras, de manera de asegurar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas, actualmente amenazadas por las interpretaciones de la nueva Ley de Pesca que impulsan las grandes compañías pertenecientes a SalmonChile.

Acotruch también cuestiona la definición de la calidad de cultivador habitual, así como la mantención de ejemplares reproductores solo en tierra y las demoras administrativas de la Subsecretaria de Pesca y del
Servicio Nacional de Pesca.

En su amplio petitorio, Acotruch exige la utilización efectiva de las concesiones de acuicultura entregadas por la autoridad, participar de los acuerdos voluntarios de los “barrios salmoneros”, como ser parte del quórum necesario para determinarlos. A ello se une la demanda por un real respeto de los periodos de descanso de las áreas de manejo sanitario, incluyendo los centros de acopios y de smoltificación.

LAS RAZONES DEL QUIEBRE
AquaChile e Invermar cuestionan la conducción política de Cesar Barros, Presidente de SalmonChile, además de su manejo del tema sanitario post-crisis del virus ISA. Esto, dado que durante el 2010 no se habría cumplido con las medidas de auto-control, auto-acordadas entre las compañías pertenecientes a la patronal. A ello se une la crítica al débil papel regulador del Estado y al creciente control de los intereses
transnacionales en la asociación gremial, lo que ha significado que ya no se escuche a los productores chilenos.

Fuentes de AquaChile indicaron que bajo el enfoque de “autoregulacion” propuesto por la industria salmonera, Puchi había tratado infructuosamente de impulsar estándares superiores a los que provocaron la crisis del virus ISA, asi como una política más exigente en materia de control sanitario, en espera de la postergada entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Pesca.

Uno de los temas que aparentemente gatillo la crisis fue la determinación de la distancia mínima entre los centros de cultivo. Para Puchi este es un aspecto clave para refundar una actividad sanitaria más segura, "de acuerdo a los aprendizajes de la experiencia internacional".
También está implicado el pragmático hecho que AquaChile es el mayor tenedor de concesiones de salmonicultura en el país, y que mientras más distancia entre centros de cultivo, menos concesiones, y por lo tanto el valor de las existentes se incrementa exponencialmente.

Por su parte Montanari declaro a El Mercurio que "SalmonChile en corto tiempo más no va a ser de los chilenos". Esto en referencia a la creciente influencia que tienen las compañías transnacionales bajo la actual presidencia de Barros. “Nos preocupa que sea SalmonChile el que ponga las reglas y no la autoridad de Gobierno, pues en el gremio están las empresas extranjeras, que han sido muy liberales en materias sanitarias. Por un lado, quieren importar ovas de cualquier parte, y por otro, quieren fiscalizar y sancionar a las compañías chilenas”.

Montanari a su vez alerta al señalar que “me sorprende que los directivos noruegos exhiban físicamente la chequera en público, en la mesa de votaciones de SalmonChile, diciendo “aquí se paga”. Esto es porque para votar a modo “una acción, un voto”, se debe haber cancelado una muy alta cuota, la que dada la crisis generada por la introducción del virus ISA, muchas salmoneras nacionales no lo habían hecho. Esto habría ocurrido en las pocas veces que se ha votado en SalmonChile.

“Con los actuales estatutos, SalmonChile en corto tiempo más no va a ser de los chilenos. Insisto, para que me sancionen, yo sólo reconozco al Gobierno, que ha dispuesto una ley. No a institutos de investigación que nadie controla, como el Intesal. Si no se resuelve esto, puede terminar en más pérdida de miembros”, señala Montanari.

Agregó además que “yo he dicho varias veces: las concesiones las tienen los extranjeros, con más de un tercio del mar acuícola. Y esta gente ha llevado a SalmonChile a discutir sólo temas menores, de intereses particulares sobre concesiones. Y Puchi quería algo de fondo”. Luego asevera de manera cazurra “si priman estas discusiones, a César Barros –de quien pienso que lo ha hecho muy bien–, le van a impedir trabajar libremente”.

EVANGELIO SEGÚN SAN CESAR
En su estrategia de contención de la disidencia, Cesar Barros ha utilizado activamente los diarios de economía y finanzas y al diario El Mercurio, asÍ como su columna semanal en La Tercera, para responder sarcásticamente a los díscolos de SalmonChile: "nadie más ha renunciado. Las salidas de AquaChile y de Invermar son por causas distintas. Puchi se va por un tema de las distancias entre concesiones. Él quería dos millas. Cuando Montanari votó este tema, él optó por la milla y media. Entonces, no hay relación entre un caso y otro".

Frente al creciente control que están tomando en SalmonChile las empresas noruegas Marine Harvest y Cermaq/Mainstream, esta última propiedad en un 43% del Estado noruego, Barros señalo que "Nooooo, si son dos empresas noruegas, no más”.

Luego se mostró impermeable frente a las criticas relacionadas con el debilitamiento y pérdida de representatividad de las empresas chilenas en la asociación: "algunos se sentirán menos representados. Pero mi impresión ahora es que hay un apoyo significativo a la directiva. En la vida de la dirigencia gremial uno tiene dos opciones: uno actúa en base a principios y convicciones, o uno se pone a merced de grupos fácticos minoritarios. Y la verdad es que dentro de los principios, primerísimamente tiene que reinar el respeto mutuo. En particular cuando se habla a través de los medios (...). Lamentablemente, en épocas de crisis, como la que hemos tenido, se ponen a prueba la contención, la abnegación y, lo que es peor a veces, el respeto mutuo (...). Pierde más peso el que se va solo. Es lo que uno ve en este tipo de procesos".

En su columna dominical en La Tercera, el presidente de SalmonChile, insistió que “el verdadero liderazgo se muestra representando valores permanentes y principios. Y de éstos, los más sagrados en la vida gremial son del respeto a la institucionalidad establecida, a su democracia interna y al respeto mutuo entre los asociados. Nada es más perjudicial que las posiciones avasalladoras, la porfía contra el sentimiento mayoritario, el desprecio a las mayorías, y las descalificaciones. Sobre todo en público”.

Finalmente, arremetiendo con ímpetu corralero contra la decisión de Puchi y Montanari, el economista agrario agregó que “los que no resisten la frustración de la derrota de sus ideas, suelen dar un portazo y abandonar el árbol común que los cobija. Olvidando que es en el diálogo franco y democrático donde hay que convencer de las ideas propias. Y cuando esto no se logra hay que actuar sin soberbia”. Luego, el peculiar presidente de la patronal salmonera sentencio que “el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”.

La respuesta política de Barros frente a la renuncia de Puchi fue que la vicepresidencia de SalmonChile fue asumida por José Ramón Gutiérrez de Multiexport, mientras que se incorporaba como director Jan Stengel, de Congelados Pacífico, representante de la línea dura empresarial y que refuerza el vínculo de la asociación con la industria productora de harina y aceite de pescado.

TRIUNFALISMO E IRRESPONSABILIDAD
Atrás parecen haber quedado los impactos de la crisis 2007-2010. Sus costos fueron transferidos al Estado, al medioambiente acuático regional, al patrimonio sanitario nacional, a los 20 mil cesantes y al dinero de los contribuyentes chilenos. Para los grandes operadores de esta industria es nuevamente tiempo de insistir en la expansión geográfica y productiva ilimitada, la competencia caníbal y la ley del más fuerte.

Paradójicamente el optimismo vuelve a inundar a los adversarios salmoneros. Mario Montanari declara que a fines del 2011 Invermar superara sus producciones en comparación con lo que obtenían antes de la crisis del virus ISA de 2007. Para ello anuncia que la industria salmonera el 2014 estará en niveles “que jamás tuvimos”.

Por su parte, el representante de la transnacional española Pescanova, Drago Covacevich, proyecta incrementar desde 6.000 a 80.000 toneladas anuales de salmones para los próximos diez años en las prístinas y actualmente disputadas aguas de la región de Magallanes. Ello significaría un aumento del 1.300 por ciento de las producciones de este monocultivo de carnívoros exóticos en los frágiles ecosistemas acuáticos de la Patagonia. Ello significaría repetir el escenario que antecedió a la crisis salmonera en la región de Los Lagos.

Sin embargo la historia no se repite dos veces. La monolítica unidad que había sido una de sus fortalezas de esta industria por más de dos décadas ha dado paso al viejo principio del "sálvese quien pueda". Esto especialmente si la lucha es entre carnívoros nacionales y transnacionales, no solo por el control de la dirección del gremio, sino que por la implantación de la segunda fase de expansión salmonera basada en la concentración económica, transnacionalización y control del sistema financiero internacional del sector pesquero y de acuicultura nacional, dentro de una impecable lógica de reordenamiento estratégico y articulación geopolítica.

Matar lobos marinos como “solución” a los problemas económicos y sociales de la pesca artesanal es una mentira del bío-populismo pesquero gubernamental.

Juan Carlos Cárdenas
Medico Veterinario
Director Ejecutivo
Centro Ecoceanos

A menos de seis meses del Gobierno de Sebastian Piñera, tanto el Intendente de la Región de Los Lagos, Juan Montes, como el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, enfrentan su primer “test de esfuerzo”. Décadas de sobrexplotación pesquera asociadas a la actual crisis sanitaria de la industria salmonera, han abierto la caja de Pandora ambiental, económica y social en las regiones costeras del sur de Chile. A la aguda crisis de las diversas pesquerías regionales, calificada por los propios pescadores como la “peor en años”, se suma la expoliación económica provocada por el monopolio que controla la comercialización de la producción pesquera artesanal en el mercado español. Ello explica las movilizaciones de los pescadores de Calbuco, Ayacara o Pichi-Pelluco, exigiendo la extensión del periodo de captura y el aumento de la cuota extractiva de merluza austral (Merluccius australis).

Intentando apaciguar el creciente descontento social que recorre Chiloé y Palena, el Subsecretario de Pesca está implementando una serie de “medidas de parche”. Entre ellas, la apertura de capturas en plena veda reproductiva de merluza austral, la entrega por primera vez de una discrecional “pesca de investigación” regional de 3.000 toneladas de sardinas y la asignación de 400 millones de pesos del Fondo de Administración Pesquera para “fomentos de desarrollo productivo” entre los pescadores.

La culminación de esta política de bio-populismo pesquero gubernamental, lo constituye el intento de aprobar un “Plan de manejo integral” de lobos marinos comunes (Otaria flavescens), eufemismo bajo el cual se esconde la entrega de cuotas de captura y matanza para controlar una supuesta “sobrepoblación” de esta especie, actualmente protegida por la legislación chilena.
Para ello se ha dado inicio a una orquestada campaña comunicacional y lobby político, acusando a los lobos marinos chilotes de ser los principales responsables del colapso pesquero y de la deplorable situación económica y social que afecta a los pescadores artesanales. A esto se suma la acusación de interferencia con la re-expansión, post virus ISA, de la industria salmonera en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Al respecto, es importante señalar el papel que tras bambalinas juega la industria salmonera, cuyo representante en Puerto Montt, Carlos Odebret, denunció pérdidas por 140 millones de dólares anuales por la acción de lobos marinos. Esta cifra empresarial es muy superior a las abultadas estimaciones gubernamentales de 19 millones de dólares anuales en pérdidas por esta causa para la pesca artesanal. No hay que olvidar que el actual Intendente de la Región de Los Lagos, donde existe mayor presión para la eliminación de lobos marinos, es Juan Montes, ex gerente de las compañías salmoneras AquaChile y Salmofood.

Por ello el tema de los lobos marinos se ha convertido en una “moneda de cambio”, ya que el Ministerio de Economía y el Subsecretario de Pesca esperan poder negociar a cambio con los dirigentes pesqueros el apoyo a la dictación de 15 reglamentos de la cuestionada nueva Ley General de Pesca y Acuicultura. Este proceso se encuentra muy retrasado y es un paso clave para hacer operativa la entrega de certeza jurídica a los bancos acreedores de la industria salmonera, al hipotecar bienes nacionales de uso público y consolidar la privatización del litoral austral, mediante el establecimiento de áreas aptas para acuicultura y de “barrios salmoneros. Por su parte, se encuentra sobre la mesa de negociación las demandas por “pesca libre”, “pescas de investigación” y la entrega de subsidios y compensaciones económicas por parte del Estado para paliar temporalmente la actual situación económica y social en la pesca regional.

¿Administración pesquera democrática, equitativa y sustentable?

Estos hechos demuestran la inexistencia de una administración pesquera transparente, sostenible, equitativa y responsable en nuestro país. Ejemplo de ello son los impactos sobre la estabilidad de los recursos y ecosistemas marinos derivados del empleo de las denominadas “pescas de investigación”, resquicio legal que permite al Subsecretario de turno entregar discrecionalmente altos volúmenes de captura para pagar favores políticos o negociar frente a los conflictos sociales del sector.

En ello es evidente la irresponsabilidad de los consejos nacionales y zonales de pesca, así como de quienes avalan "científicamente" la entrega de elevadas cuotas de captura, como es el caso de la pesquería de jurel (Trachurus murphiyii), la más importante a nivel nacional, donde las cuotas de pesca para el 2009 excedieron en un 87% las recomendaciones técnicas del IFOP.

Por ello es urgente el control público, como ciudadanos y contribuyentes, sobre las políticas, autoridades e institucionalidad pesquera, que hoy son los principales generadores de destrucción ambiental y pobreza en las regiones costeras. Esto mediante la sobreexplotación de los recursos y la creciente eliminación de las escasas regulaciones y medidas de conservación marina.

La lucha por el último pez al sur del mundo

Frente a la aguda crisis que recorre las costas chilenas, se ha establecido en los últimos años una estratégica alianza entre funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios y algunos dirigentes pesqueros para responsabilizar a las propias especies marinas del colapso de las pesquerías y sus impactos económicos. Un ejemplo clásico lo constituyó la campaña comunicacional que culpaba a la "sobrepoblación" de jibias de la caída de la biomasa y el reclutamiento en la sobreexplotada pesquería de jurel. Hoy se intenta justificar una matanza legal para enfrentar una supuesta abundancia de lobos marinos comunes.

Esto constituye una medida política de corte populista y cortoplacista, sin asidero científico ni racionalidad técnica, con la cual el Gobierno intenta desviar la atención pública y de los pescadores sobre su responsabilidad y las causas de fondo que generan la actual destrucción marina y exclusión social en aguas chilenas.

Llama la atención que las autoridades pesqueras no demostraron la misma premura y voluntad política para controlar durante los últimos 10 años la otra “sobrepoblación”: la de los centros de cultivo de salmónidos que arrinconan a la pesca artesanal y a los operadores de turismo. También es sorprendente la inacción gubernamental frente a los millones de salmones que escapan anualmente y depredan sobre la valiosa y frágil biodiversidad marina, o en relación a la contaminación química y orgánica que está afectando a los ejemplares de ballena azul, al borde costero, a la columna de agua y al fondo marino de Chiloé.

Hace décadas los estudios internacionales indican que la eliminación de ejemplares es una medida absolutamente inefectiva para solucionar la interacción de mamíferos marinos y las pesquerías (Pemberton & Shaughnessy, 1993; Yodzis 200; Fraker & Mate, 1999), a menos que se intente eliminar a toda la población de estas especies nativas. La experiencia en Columbia Británica, Canadá, después de una década de eliminación de mamíferos marinos no ha disminuido la intensidad de la interacción con la pesca (Jamieson & Olesiuk, 2001). A ello se suma la paradojal situación creada en Namibia, África, donde después de grandes matanzas de lobos marinos, las pesquerías paradojalmente comenzaron a declinar.

Por su parte, la experiencia internacional señala que solo las medidas de mitigación, relacionadas con cambios en las estrategias de pesca, tales como la pesca cooperativa y variación en la permanencia de las artes de pesca en el agua, poseen una alta factibilidad de implementación.

Importante es alertar sobre la inconsistencia y contradicciones que entregan los promotores de la matanza de lobos marinos, reflejando el escaso conocimiento sobre la biología, parámetros poblacionales, comportamiento reproductivo y hábitos alimentarios de estos mamíferos marinos. Mientras dirigentes de la pesca artesanal señalan que el consumo y destrucción abarca entre el 70 y 80 por ciento de sus capturas, publicaciones científicas indican que las interacciones se concentrarían en algunos meses y que afectarían entre un 1,6 a 3,3 por ciento de las capturas (De la Torriente, y colaboradores, 2010).
También sorprende la disparidad sobre el tamaño poblacional de los lobos marinos comunes en aguas chilenas. Mientras los especialistas señalan la existencia de 100.000 a 150.000 ejemplares, Francisco Fernández, director de Sernapesca de la Región de Los Lagos, afirma que existirían 2 millones de ejemplares. Por su parte, la consultora Pupelde indica que habría existido un incremento del 50 por ciento de esta población entre 1998 y 2008, mientras el Proyecto del Fondo de Investigación Pesquero Nº 2006-49, realizado entre Valparaíso y La Araucanía, concluye que la tasa intrínseca de crecimiento en el área de estudio sugiere que la población de lobos marinos se encuentra estable y que “las proyecciones poblacionales en 10 años evidencian una tendencia a la disminución de la abundancia poblacional para las próximas décadas”.

Hoy el "peso de la prueba" se encuentra en el lado del Gobierno, los consejos zonales de pesca y los dirigentes pesqueros, quienes deben demostrar a los ciudadanos, pescadores, comunidades costeras chilenas y a los consumidores internacionales, que la exterminación de lobos marinos permitirá la recuperación de las sobreexplotadas pesquerías nacionales, así como la solución de los agudos problemas económicos y sociales que afectan por décadas a la pesca artesanal chilena.

Lo paradojal de esta situación será que una vez que los lobos marinos hayan sido eliminados, le seguirán los propios pescadores artesanales, quienes son los otros “disfuncionales” del actual sistema pesquero y de acuicultura basado en la privatización, exportación, concentración económica y transnacionalización de nuestro mar y sus recursos. Entonces ¿Quiénes son los verdaderos “lobos” que amenazan la existencia de la pesca artesanal chilena?