Se publicaron recientemente los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2008 (ENUSC), estudio que anualmente aplica en Chile el Instituto Nacional de Estadística.

A pesar de los excelentes resultados para la región de Magallanes, sólo un 15 por ciento de la población consultada dice haber sido víctima de un delito o que una persona del grupo familiar lo haya sido, extrañamente, esta información ha pasado casi desapercibida por la población, no siendo muy destacada por los medios de comunicación y menos por líderes de opinión regionales, salvo quienes están relacionados con el tema.

Pareciera ser que nos interesara más enfatizar los fracasos de las políticas públicas en seguridad ciudadana que resaltar el éxito de las medidas de prevención del delito llevadas a cabo. Los datos entregan que del año 2003 cuando un 30 por ciento de la población respondía afirmativamente haber sido víctima de un delito ha habido, a la fecha, una disminución considerable de la victimización en la región (en un 50%) ya que el 2008 sólo un 15 por ciento afirma haber sido víctima de un delito. Ya si quisiera cualquier servicio público presentar estos grados de avance en el logro de sus objetivos.

Si bien estos resultados pueden parecer contradictorios con lo que aparece publicado en los medios de comunicación donde se resaltan cierto delitos, que en la gran mayoría de los casos son lesiones producidas entre grupos por efecto del consumo excesivo de alcohol o el estado de embriaguez de los involucrados, en la realidad cotidiana de nuestra región el nivel de delincuencia, querámoslo o no, es mínimo.

Lo anterior, viene a ratificar lo que siempre he manifestado de que en Magallanes, la delincuencia es circunstancial, una expresión ocasional gatillada por el consumo de alcohol y solventes a diferencia de otras regiones del país donde la práctica del delito es una actitud plasmada en un negativo proyecto para ganarse la vida.

Negar aquello es pretender otorgar credibilidad a las suposiciones y percepciones, las que si bien legitimas en tanto cada cual es libre de creer y pensar lo que quiera, sólo sirven como caballito de batalla para generar una manoseada sensación colectiva de inseguridad ciudadana.

Es por lo anterior que tengo mis reparos a las percepciones de las causas de la delincuencia que consulta la ENUSC, ya que se corre el riesgo de estereotipar a los jóvenes de nuestra sociedad como delincuentes, por cuanto el porcentaje más alto de una serie de causas consultadas lo lleva la falta de preocupación de los padres (a nivel regional un 28% y a nivel nacional un 24%), en circunstancias que según los antecedentes que manejamos como Defensoría solo un 10 por ciento a nivel nacional y un 8 por ciento a nivel regional de nuestro imputados corresponden a menores de edad.


Desde que el mundo es mundo la delincuencia siempre ha existido y existirá, sin embargo nuestra región es una sociedad segura, no obstante ello, según estadísticas que maneja la Defensoría el delito de conducción en estado de ebriedad sigue siendo el de mayor ocurrencia en Magallanes, si concordamos con lo que sostiene el destacado penalista argentino Raúl Zaffaroni acerca de que los accidentes de tránsito son mucho más peligrosos que la delincuencia común, quizás, entonces, sí debiéramos alarmarnos ya que en manejar ebrios en Magallanes, en eso, sí que somos primeros.

En lo que va corrido del presente año 25 personas han muerto al interior de cárceles chilenas, de las cuales diez perdieron la vida en el incendio de hace unas semanas en la cárcel Colina II en Santiago. En nuestra región un interno murió producto de una riña en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Lo anterior, nos llama a reflexionar acerca de la política penitenciaria que estamos aplicando como país y debe ser un tema de relevancia en la agenda pública, si creemos lo que dicen las encuestas que la delincuencia ocupa el segundo lugar en temas de importancia para los chilenos copando portadas en los medios de comunicación y estando presente en la conversación cotidiana.

Nuestro país desde el año 1990 a la fecha ha tenido un incremento sostenido de la población carcelaria con cifras que superan los 50 mil presos y con graves problemas de hacinamiento en varios de los principales penales del país. Chile tiene hoy una tasa de 305 personas presas por cada 100 mil habitantes, una de la más alta de los países hispanoparlantes de América.

Estas 50 mil personas encarceladas, están bajo la protección y seguridad del Estado chileno, por ende es el Estado el que debe velar por su seguridad, respeto de sus derechos y dignidad ya que, si bien no guste a muchos, los presos son también personas y tienen derechos, mínimos, para el cumplimiento de las penas.

Sin embargo, más de cien años de mentalidad punitiva, nos han llevado a justificar, en algunos casos vehementemente, que quien comete delitos no tiene ningún derecho, valga la redundancia, a pedir que se respeten sus derechos; criticamos así que tengan abogados que los defiendan y exigimos su inmediato encarcelamiento, olvidándonos de ellos, salvo cuando tenemos un familiar o conocido en tales circunstancias o como recientemente ocurrió, la muerte de 10 personas nos lleva a empatizar unos instantes con quienes están encarcelados, para luego volver a la tranquilidad de nuestra realidad en libertad al fin y al cabo, pensarán muchos, sino la mayoría: ¿qué sentido tiene preocuparse por ellos si no son personas, sino delincuentes que merecen estar presos?.

Surgen así voces que claman por cárceles islas, mientras lejos más y mejor olvidados; otros propugnan el trabajo forzado en cárceles galeras, la esclavitud es rehabilitadora y, por supuesto, la infaltable pena de muerte, efectiva medida para descongestionar las cárceles.

Lo anterior, no es una caricatura, sino quizás lo más difícil de cambiar para reconocer que quienes hoy día cumplen prisión preventiva o penas de reclusión son igual que usted o yo seres humanos, la cuestión es si queremos o no validar aquello.